¡¡¡Basta a la criminalización de la pobreza!!!

Damián estaba esperando el taxi para ir a un taller de rap en la Esquina Encendida. Se iba a encontrar con su tallerista en el centro y desde ahí los pasarían a buscar para llegar a uno de los pocos centros culturales del gobierno de la provincia situado en la periferia de la ciudad, en el otro extremo de donde vive, La Vuelta del Paraguayo. El día anterior, al hacer recorrido similar, lo habían parado 4 veces y en todas ellas había tenido que mostrarle su documento a los policías. Ese día, se lo había olvidado. Los policías lo vieron parado en una esquina de Ituzaingó, frenaron, le hicieron apoyar las manos en la pared, lo revisaron, no le creían que tenía que encontrarse con una amiga en el centro. Para ellos no está bien que pibes morochos como él anden cerca del centro. Para los policías, el mero hecho de que Damián esté en ese lugar resultaba “sospechoso” y esa fue la excusa por la cual lo subieron al patrullero y lo trasladaron a la seccional tercera.

“Parecería ser que la única manera de sacar a los pibes de los barrios es buscarlos en auto en la puerta de su casa y llevarlos a la actividad cultural que quieren realizar”, nos dijo la tallerista; que fue quién tuvo la suerte de poder comunicarse con Damián en el momento en que lo estaban trasladando. “A la comisaría”, llegó a escuchar. Vemos, una vez más, cómo la policía controla y favorece que los barrios empobrecidos de la ciudad se transformen en guetos de los cuales los jóvenes difícilmente pueden salir.

En la comisaría tercera Damián, con 18 años apenas cumplidos, estuvo durante 5 horas esposado ‘abrazado’ a un poste, en uno de los días más fríos del año, sin la posibilidad de moverse, ir al baño (aunque lo pidió por favor decenas de veces) o realizar una llamada (pedido que le fue negado, aún cuando Damián sabía que es un derecho que le corresponde).

La cantidad de tiempo que Damián pasó en la comisaría, y las humillaciones que sufrió, sin estar siquiera sospechado de haber cometido un delito, fueron justificados por un lado, por el uso del artículo de averiguación de identidad de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe (el “10 bis” para los policías), utilizado sistemáticamente para privar de su libertad a personas que a prejuicio policial resultan sospechosas: casi siempre jóvenes, varones, morochos, que están en lugares donde ‘no deberían estar’. Y por otro lado, por las excusas que se repitieron durante las 5 horas en las que estuvimos preguntando en la comisaría por qué no liberaban a Damián: “no tengo patrullero a disposición para trasladarlo”, “un patrullero está en el taller, el otro está haciendo diligencias” (para los policías, diligencias más importantes que la libertad de un joven injustamente detenido). En la era de las comunicaciones y la digitalización “la base de datos del 911 no se encuentra actualizada”, nos decían, lo que sirvió como argumento para los policías para demorar la tarea de verificar si el joven poseía pedido captura policial. Entonces nos preguntábamos ¿qué cantidad de detenidos por averiguación de identidad alguna vez habrán coincidido con los pedidos de captura? La respuesta es insultante, un porcentaje insignificante: en la provincia de Santa Fe, sólo el 3,44% de los detenidos por averiguación de identidad efectivamente poseían pedido de captura policial. Es claro que el 10 bis resulta una herramienta que la policía utiliza para rendir cuenta de que “está haciendo algo” y nosotros denunciamos: está violando sistemáticamente los derechos de muchos jóvenes.

Damián no pudo asistir a un taller cultural que le interesaba mucho y en cambio pasó su tarde de viernes con frío, esposado, y sin saber que iba a pasar con él. Sólo por ser morocho y haber salido de un barrio empobrecido.

SENTIMOS Y DENUNCIAMOS ESTAS ACCIONES POLICIALES COMO SERIAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES A TRANSITAR POR SU CIUDAD, A HACER LO QUE LES GUSTA, A VESTIRSE COMO QUIEREN. LA APARIENCIA DE LOS PIBES DE LOS BARRIOS NO ES UN DELITO.

– BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS.

– INCONSTITUCIONALIDAD DEL 10 BIS.

– BASTA DE ESTIGMATIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA POBREZA.